¿Cómo se utiliza el baremo laboral para demandas por enfermedades profesionales? Es la pregunta que debería hacerse cualquier trabajador que recibe un dictamen con un porcentaje de incapacidad permanente y no tiene manera de saber si ese número refleja su situación real o si le están pagando mucho menos de lo que corresponde. Esa incertidumbre es algo que viven numerosos trabajadores con enfermedades profesionales en Argentina.
Ese porcentaje no sale del aire: lo determina el baremo laboral, una tabla oficial que la ley obliga a aplicar para cuantificar cualquier incapacidad derivada de una enfermedad o accidente de trabajo. En nuestra experiencia en Ferretti Abogados, vemos con frecuencia casos donde ese porcentaje quedó mal calculado, ya sea porque el dictamen de la Comisión Médica subestimó las secuelas o porque se aplicó una versión desactualizada de la tabla. La diferencia entre un punto y otro puede representar sumas significativas en la indemnización final.
En este artículo explicamos qué es el baremo laboral, cómo se convierte el porcentaje en dinero, qué dice la jurisprudencia reciente sobre el nuevo decreto y qué podés hacer si sospechás que el número reconocido no es el que realmente te corresponde.
Qué es el baremo laboral y qué normas lo regulan hoy
El baremo laboral es, en términos simples, una tabla oficial que asigna un porcentaje de incapacidad a cada secuela o patología reconocida como laboral. No se trata de una guía orientativa: el Decreto 659/96 estableció la obligación de que comisiones médicas, organismos administrativos y tribunales se ajusten a ella, al aprobar la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales. Esa norma fijó también dos requisitos centrales para su aplicación: que exista una enfermedad profesional debidamente reconocida y que haya una disminución anatómica o funcional definitiva, irreversible y medible causada por esa enfermedad.
En febrero de 2026 entró en vigencia el Decreto 549/2025, que sustituyó íntegramente el anexo original del Decreto 659/96 por una nueva tabla con porcentajes específicos por secuela, eliminando los intervalos que antes dejaban margen a la interpretación. La Resolución SRT 7/2026 aprobó además un protocolo de estudios mínimos obligatorios para acompañar cada evaluación pericial. Para enfermedades no incluidas en el listado oficial, la normativa habilita recurrir al Baremo Previsional del Decreto 478/98 o el que lo reemplace. Elegir el baremo equivocado o una versión desactualizada puede cambiar radicalmente el resultado de un juicio.
¿Cómo se utiliza el baremo laboral para determinar el porcentaje de incapacidad?
El perito médico laboral no solo confirma el diagnóstico: su trabajo es cuantificar el menoscabo permanente con base en estudios clínicos concretos. Evalúa el diagnóstico objetivo de la enfermedad, la relación causal con las condiciones de trabajo, el grado de alteración funcional y anatómica, y la repercusión real en la capacidad de trabajo habitual. Según la patología, eso implica audiometrías, radiografías, estudios funcionales respiratorios, resonancias magnéticas u otros estudios complementarios actualizados.
La Comisión Médica de la SRT emite un dictamen administrativo previo, pero ese dictamen puede y debe impugnarse si la incapacidad quedó subestimada. Los plazos para hacerlo son cortos: según el tipo de recurso y la norma aplicable, pueden ir de 3 a 10 días hábiles desde la notificación, por lo que no conviene dejar pasar el tiempo sin consultar con un abogado que precise el plazo exacto según tu situación. Además, los organismos suelen reducir el porcentaje alegando patologías previas, factores extralaborales o falta de estudios complementarios actualizados. En la práctica profesional, es frecuente que trabajadores sin representación legal terminen aceptando un porcentaje menor al que les corresponde, simplemente por no saber cómo rebatir esos argumentos.
Cómo se traduce el porcentaje del baremo laboral en indemnización
La Ley 24.557, modificada por la Ley 26.773, establece la fórmula base para la incapacidad permanente parcial. Su aplicación correcta depende del porcentaje de incapacidad que arroje el baremo laboral, por lo que cada punto reconocido o negado tiene un impacto económico directo:
Indemnización = 53 × Ingreso Base Mensual × % de incapacidad × (65 / edad)
El resultado debe compararse con el piso mínimo publicado por la SRT, que se actualiza periódicamente mediante resolución. Para el período marzo-agosto 2026, ese piso es de $97.502.420 para incapacidad parcial. Si la fórmula arroja un número mayor, prevalece ese resultado; si es menor, se aplica el piso. En el caso de incapacidad total permanente, la comparación se realiza con el mínimo correspondiente a esa categoría.
Para entender el impacto real de cada punto, tomá este ejemplo: un trabajador de 45 años con un ingreso base mensual de $3.000.000 al que le reconocen un 30% de incapacidad permanente parcial. Aplicando la fórmula: 53 × $3.000.000 × 0,30 × (65/45) = aproximadamente $68.890.000 (redondeado). Si en cambio ese porcentaje hubiera quedado en 20%, el resultado cae a unos $45.930.000: una diferencia de casi $23.000.000 por esos 10 puntos. Cada punto de incapacidad que queda sin reconocer se traduce directamente en menos dinero para el trabajador.
Qué dice la jurisprudencia reciente sobre el baremo nuevo
Desde que entró en vigencia el Decreto 549/2025, los tribunales argentinos están resolviendo un debate clave: ¿el nuevo baremo aplica a enfermedades o accidentes anteriores a esa fecha? La línea dominante es clara. La Cámara Única del Trabajo de Córdoba, Sala Segunda, en el caso Nieto c/ Galeno ART S.A. (Expte. 10864113, febrero de 2026), declaró la inconstitucionalidad del artículo 3 del decreto por pretender aplicarlo retroactivamente. En el mismo sentido se pronunciaron el Juzgado Laboral de Comodoro Rivadavia en Asencio c/ Experta ART S.A. y el Tribunal de Trabajo de La Plata en Herrera c/ Prevención ART S.A.
El criterio que unifica estos fallos es el de la «primera manifestación invalidante»: la fecha en que el trabajador comenzó a sufrir consecuencias incapacitantes de su enfermedad profesional. Si esa fecha es anterior al Decreto 549/2025, los tribunales aplican el baremo anterior. Determinar correctamente ese hito temporal es una decisión técnico-legal que puede favorecer o perjudicar al trabajador según las circunstancias del expediente.
Por qué un abogado especializado puede cambiar tu resultado
La ART siempre tiene abogados propios defendiendo sus intereses. Esa desigualdad se ve agravada por errores técnicos evitables que comprometen el resultado final. Los más frecuentes que identificamos en Ferretti Abogados son:
- Aceptar el dictamen de la Comisión Médica sin impugnarlo en plazo.
- No presentar los estudios complementarios correctos que respalden el porcentaje real de incapacidad.
- No acreditar adecuadamente la relación causal entre la enfermedad y las condiciones de trabajo.
- Desconocer qué versión del baremo corresponde al caso según la fecha del siniestro.
Un abogado laboralista especializado controla que el baremo aplicado sea el correcto, impugna pericias que subestimen la incapacidad, presenta la documentación médica y laboral que respalde el porcentaje real y negocia o litiga para que la indemnización refleje el daño verdadero. En Ferretti Abogados nos especializamos exclusivamente en derecho laboral y accidentes de trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con experiencia específica en enfermedades profesionales y en la defensa del trabajador frente a las aseguradoras de riesgos del trabajo.
El porcentaje de incapacidad no es un número arbitrario: es el resultado de aplicar correctamente el baremo laboral con la pericia y los argumentos adecuados. Si ya tenés un dictamen de la ART o de la Comisión Médica, no lo aceptes sin antes consultar con un abogado laboralista. Cada punto tiene un valor económico directo, y tenés derecho a que ese valor sea real. Si querés saber cómo se utiliza el baremo laboral para demandas por enfermedades profesionales en tu caso concreto, ponete en contacto con Ferretti Abogados antes de firmar un acuerdo o aceptar cualquier propuesta de la aseguradora.
